Bøker av Jose Ignacio Hernandez G

Este libro del profesor Jos├⌐ Ignacio HERN├üNDEZ G., estudia, desde el Derecho Administrativo Econ├│mico, el auge y colapso de los controles de precio y de cambio en Venezuela, as├¡ como el proceso que ha llevado a la dolarizaci├│n de facto. En 2003 el entonces Gobierno de Hugo Ch├ívez, violando la Constituci├│n, impuso controles centralizados sobre la econom├¡a que terminaron destruyendo los mecanismos de mercado. Tales controles giraron en torno a dos t├⌐cnicas de intervenci├│n, a saber, el control de precio y el control de cambio. Estos controles promovieron una crisis econ├│mica y social solo comparable con Estados que han atravesado guerras. Esta crisis arrastr├│ el colapso del Estado, y con ello, de los controles centralizados. Ante esta realidad, en 2018 comenz├│ a tolerarse el intercambio de bienes y servicios por mecanismos informales, incluyendo la dolarizaci├│n de facto, para lo cual se elimin├│ la centralizaci├│n del mercado de divisas en el Banco Central de Venezuela. Ninguno de estos cambios resuelve las restricciones jur├¡dicas al crecimiento econ├│mico y, por el contrario, agrava las consecuencias del colapso del Estado venezolano.

Este libro editado pior la Iniciativa Democrática España y las Américas (IDEA), con presentación de su Director general, profesor Asdrúbal Aguiar, contiene dos estudios sobre la ilegitimidad e inconstitucionalidad de las elecciones parlamentarias convocadas en Venezuela para diciembre de 2020, escritos por los profesores José Ignacio Hernández G. y Allan R. Brewer-Carías, así como  los más importantes Comunicados y Pronunciamientos institutcionales que se han formulado, dentro y fuera de Venezuela, en rechazo de las mismas.

El 10 de enero de 2016 se cumplió la mitad del período presidencial en Venezuela, el cual al haber comenzado el 10 de enero de 2013, de conformidad con el artículo 72 de la Constitución, los ciudadanos podían iniciar el trámite para convocar el referendo revocatorio de ese mandato presidencial, en ejercicio del derecho de participación ciudadana en asuntos públicos. El único requisito sustancial exigido por el artículo 72 de la Constitución para ejercer ese derecho, era que la convocatoria del referendo debía ser requerida por un número equivalente a, cuando menos, el veinte por ciento (20%) de los electores inscritos.Debido al vacío legal existente en el Derecho electoral venezolano en materia de referendos, el trámite para solicitar el referendo revocatorio estaba regulada en Resolución N° 070906-2770 del Consejo Nacional Electoral, publicada en la Gaceta Electoral de N° 405, de 18 de diciembre de 2007, la cual había creado trámites innecesarios que limitaron el ejercicio del derecho al referendo revocatorio. De manera destacada, esa Resolución exigía como condición previa a la tramitación del referendo revocatorio por un partido u organización política, la recolección de manifestaciones de voluntad equivalentes a cuando menos, el uno por ciento (1%) de los electores.A pesar de esas trabas, y en ejercicio del derecho al referendo revocatorio, el partido político "Mesa de la Unidad Democrática", inició el correspondiente trámite mediante solicitud presentada al Consejo Nacional Electoral el 9 de marzo de 2016. La solicitud tuvo un propósito muy concreto: solicitar al Consejo Nacional Electoral que emitiese el formato de validación necesario para poder recabar, previamente, manifestaciones de voluntad equivalentes a cuando menos el uno por ciento (1%) de los electores.A partir de ese día, el Consejo Nacional Electoral retrasó el ejercicio del derecho al referendo revocatorio, creando trámites y controles no previstos ni en la citada Resolución, ni en las Leyes aplicables al Poder Electoral, resultando como consecuencia de esos nuevos trámites, que el ejercicio del derecho al referendo revocatorio haya sido ilegítimamente obstaculizado.Las arbitrariedades cometidas por el Consejo Nacional Electoral culminaron la noche del 20 de octubre de 2016, cuando el Consejo decidió "suspender" todo el procedimiento del referendo revocatorio, al "acatar" las sentencias dictadas por Tribunales Penales que, actuando fuera de su competencia, ordenaron suspender en ciertos Estados ese procedimeinto. Con esa decisión, el Consejo Nacional Electoral materializó la violación del derecho al referendo revocatorio, impidiendo la realización de ese referendo como un mecanismo electoral, constitucional y pacífico para resolver la crisis venezolana, todo lo cual se analiza en este nuevo libro del Profesor José Ignacio Hernández.